La traza
¿Dónde está lo que motiva que una casa pueda ser vinculada con la calidez de un útero o con la fortaleza de un cuerpo, percibida como una obra de arte o como frágiles capas que convocan a la intemperie? ¿Qué es lo que puede transformarla en un imán o personificarla al punto de verla arrugada, reseca, agotada? Memoria e imaginación se confunden en los relatos y expresan una dimensión sutil opacada cuando la casa es contada como un bien de intercambio.
Las casas de La Traza están en conflicto y sus habitantes las significan con sus cuerpos para hacerlas existir. La dictadura cívico militar (1976-1983) las expropió y abandonó para construir una autopista que nunca concretó y dejó una franja de destrucción que partió la ciudad de Buenos Aires en dos. Donde algunos vieron ruinas o negocios inmobiliarios, cientos de familias crearon casas y se apropiaron de un espacio arrasado para convertirlo en suyo.
De la autopista al Barrio Parque
Cerca de la mitad de las expropiaciones del proyecto de la Autopista 3 se concentraron en un tramo de un kilómetro y medio que cruza barrios residenciales de casonas bajas y grandes mansiones como Villa Urquiza, Coghlan y Belgrano R, y se conoce como Sector 5. Rodeado por trenes, plazas, escuelas y hospitales, se trata de un destino de privilegio impensado para quienes no pueden pagar la tierra más costosa de la ciudad, y un objeto de deseo para los que describen el espacio urbano según el valor del metro cuadrado.
El resto del trazado atraviesa la ciudad por zonas centrales hasta llegar al Puente Uriburu. Pese a implicar un conflicto de igual o mayor dimensión humana y urbana tiene una menor visibilidad pública por su dispersión geográfica, el menor interés inmobiliario y la dificultad de los habitantes para organizarse.
A fines de 2009 se aprobó la Ley 3396, exclusiva para el Sector 5, que habilitó la venta de grandes superficies al capital privado, la entrega de subsidios y la construcción de viviendas sociales, en el marco de un proyecto que se comercializó como Barrio Parque Donado Holmberg. Pese al consenso inicial, la estrategia de la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue instalar la incertidumbre y promover el dinero en efectivo como una certeza, desalentando a las familias a esperar la concreción del proyecto social que les garantizaba seguir viviendo en la ciudad. La urgencia fue reducir el conflicto para alentar a los inversores y finalmente terminar con esa grieta de pobreza que rompía con el paisaje residencial del norte de la ciudad.
A más de cinco años de aprobada la Ley, las subastas de terrenos arrojaron ganancias millonarias y los nuevos emprendimientos inmobiliarios están cambiando la fisonomía de la zona. Los fondos recaudados que debían haber sido destinados primordialmente a garantizar el acceso a la vivienda de los habitantes de La Traza fueron reasignados a obras de infraestructura urbana, entre otras prioridades electorales. Cerca de la mitad de las 450 familias reconocidas por la Ley dejaron sus casas a cambio del subsidio, alrededor de un centenar lograron mudarse a las nuevas viviendas sociales que presentan graves deficiencias estructurales, continúan con obras y sin escrituración, y el resto de las familias aguarda poder hacerlo en los próximos meses.
La Traza es una de las expresiones dolorosas de una ciudad en emergencia habitacional que cuenta con más de medio millón de personas habitándola en viviendas precarias o de tenencia irregular. Mientras tanto, alrededor de 340.000 inmuebles, un 23,9 por ciento del total, se encuentran desocupados u ociosos.
Las imágenes y los textos forman parte del libro La Traza. La casa y sus formas imaginarias en la autopista que nunca existió (Editorial La Luminosa, 2013).
Victoria Gesualdi
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